La verdad es que hoy no tengo nada que escribir. Simplemente porque desde que mandé la última bitácora no he salido de la casa. Llevo 3 días intentando subir el libro de Yayo para mandarlo a la imprenta. No lo puedo dejar subiendo solo porque el servicio es inestable y se desconecta. Por eso tampoco lo puedo dejar corriendo durante la noche. Los últimos 3 días no he hecho más que pelear con internet, no para bajar películas o escuchar música. Solo para poder cumplir con mi trabajo. Así que aquí, entre los 4 muros de la cabaña, no me queda nada más que reflexionar sobre este servicio que me está sacando canas de los peores colores.
A 3 años de la implementación total del programa Chile Comunicado, creo que es importante abrir la discusión sobre qué realmente es lo que este servicio implica para las comunidades. Sí, efectivamente son 1474 localidades con alrededor de 3 millones de habitantes en total que ahora tienen el beneficio de conectividad celular e internet, ¿pero a qué costo?
Esta pregunta la hago no desde un conservacionismo fanático, ni de pensar que el mayor acceso a la tecnología es un virus que carcome la mente humana. Lo digo desde las implicancias que este programa tiene para el bolsillo de sus beneficiarios. Me explico. Chile conectado es una iniciativa público-privada. Esto quiere decir que fue financiado de la siguiente manera: “en parte por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones (FDT), impulsado por el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) y los gobiernos regionales, y significa una inversión de US$110 millones. De éstos, US$65 millones son aportados por Entel y US$45 millones son financiados en partes iguales por el FDT que administra la Subtel y los 15 gobiernos regionales.” O sea, casi la mitad de los fondos son públicos, sin embargo, la única empresa privada involucrada es Entel. ¿Quién dijo monopolio?
Es verdad. Es un gasto enorme en implementación para localidades pequeñas, que probablemente no tenían sentido económico para grandes empresas, que por lo general prefieren competir en lugares con mayor concentración de población. Esa nueva conectividad es REAL y SINCERAMENTE un beneficio para estas localidades. Habiendo dicho eso, ese 45% de fondos públicos aseguran la viabilidad económica y 3 millones de nuevos clientes para una sola empresa. El problema es que luego de la implementación con bombos y platillos, nos quedamos con los vicios del sistema sin competencia.
Hay una sola empresa –Entel-, que ofrece solo un plan de internet: Chile Comunicado es una BAM (banda ancha móvil), que es un pendrive con velocidad máxima de bajada de 1MB por segundo. Pero esa velocidad no se cumple. Es una sola antena para el pueblo, que tiene que alcanzar para telefonía e internet. Y la gente paga sus planes mensuales (porque de lo contrario terminamos todos en DICOM), pero por un servicio virtualmente inexistente. Y este es el punto: ¿cómo es posible que se subsidie la construcción del sistema, pero no se regulen los precios y la calidad del servicio, asumiendo que se está implementando un sistema monopólico? Yo en la V región pago $10.000.- más que acá por internet. Es menos del doble. Sin embargo, me garantizan un servicio 50 veces mejor (50mb/segundo en vez de 1). Además, cuando hay algún problema, llega un técnico a mi casa. Yo me acabo de enterar que mi módem se echó a perder y ahora tengo que viajar a Coyhaique (2 días de ida y otros dos de vuelta, más el costo de pasajes y alojamientos, que por supuesto, Entel no va a cubrir, a lo más me descuenta del plan los días que no tendré servicio), ya que es el local más cercano donde lo puedo cambiar. Y eso está bien para mí. Porque es parte de la residencia, es parte de la experiencia de irse a vivir en una localidad rural. Sí, me voy a atrasar con el proyecto en una semana donde en verdad no debería viajar, pero no me queda otra. Pero este mismo problema lo tienen todos los habitantes de Tortel. Que no pueden mandarse a cambiar por 4 días. Que no están trabajando con un fondo de contingencia que les permite costear estos gastos. Que a estas alturas dependen del servicio que se les debería estar entregando por contrato (y que están pagando).
¿Qué de esto es justo y accesible? ¿Quién se está beneficiando realmente con esta subvención? ¿Quién está regulando que la empresa no abuse de sus clientes? Peor aún, ¿cual es el daño que se genera a los clientes? Este es un punto de inflexión. A 3 años de la llegada de internet, es un sistema vital, sobre todo en una localidad que cada vez vive más del turismo. La gente necesita un servicio estable y fiable para poder sacar adelante sus emprendimientos. Cuando los correos no llegan o no responden, o la comunicación tarda días, es para los afuerinos un operador poco fiable, y eligen a otra persona. El pasajero se pierde. Lo mismo hacemos en las ciudades con los servicios de telecomunicaciones. Una empresa abusa demasiado y nos cambiamos. Pero acá eso no es una opción. Entel sigue ganando, pero a pesar de estar realmente mejor que hacen 3 años, la mala calidad del servicio le está generando un desfavor a la comunidad.